Solicitan desafuero para diputado Ignacio Urrutia
El Tribunal del Crimen de Parral está solicitando el desafuero del diputado por el Distrito 40, Ignacio Urrutia, por los delitos de estafa y apropiación indebida, y que tiene relación con hechos que habrían sido ocasionados entre 1997, 1998 y 1999, por un monto de $156.516.039.
En relación a estos posibles delitos, uno de los abogados querellantes, Michel Galasso, dio a conocer los siguientes antecedentes: “éste es un juicio que se inició en octubre del 2004 por una querella presentada en virtud a algunos hechos que a juicio de los querellantes revestían el carácter de delito, en este caso de estafa y apropiación indebida por un monto cercano a los 157 millones de pesos, recalcando que en esa oportunidad la Corte de Apelaciones de Talca en el momento que se ordenó que se investigara y que si se reunían los antecedentes necesarios para configurar el desafuero, el Juzgado del Crimen de Parral debía en ese momento elevar los autos a la Corte de Apelaciones para conocer el desafuero, siendo enviados en noviembre del 2008, después de 4 años de investigación el Juzgado del Crimen de Parral, encontró que habían méritos y solicitó el desafuero del diputado al pleno de la Corte de Talca”.
Se trata de la Sociedad Feria Regional de Centro Ltda., donde el diputado, que en ese momento no era parlamentario, tenía solamente el 10% de participación y administró la sociedad en perjuicio de la misma y la perjudicó patrimonialmente, formando en forma paralela una sociedad con la cual realizó negociaciones compatibles en perjuicio de la Feria Regional del Centro y en beneficio de su propia empresa en la que tenía participación su hermano Fernando Urrutia Bonilla.
De este problema se inició un juicio arbitral el año 1999 y 2000 en Santiago, donde se procedió entre otras cosas a liquidar la Feria Regional del Centro Ltda., y el juez ordenó un peritaje a contadores auditores de Santiago, la cual se mantuvo por dos años realizando las labores encomendadas y de ese peritaje contable y de revisión de todos los controles internos de la Feria, aparecen los hechos que están en la querella.
Si el desafuero es aprobado por la Corte de Apelaciones de Talca, las partes tienen derecho a apelar a la Corte Suprema, y si esta instancia judicial confirma el desafuero, el parlamentario queda suspendido de su cargo, mientras dure el procedimiento.
Tal resolución será dictaminada por la Corte de Apelaciones de Talca el 15 de diciembre del 2008.
En relación a estos posibles delitos, uno de los abogados querellantes, Michel Galasso, dio a conocer los siguientes antecedentes: “éste es un juicio que se inició en octubre del 2004 por una querella presentada en virtud a algunos hechos que a juicio de los querellantes revestían el carácter de delito, en este caso de estafa y apropiación indebida por un monto cercano a los 157 millones de pesos, recalcando que en esa oportunidad la Corte de Apelaciones de Talca en el momento que se ordenó que se investigara y que si se reunían los antecedentes necesarios para configurar el desafuero, el Juzgado del Crimen de Parral debía en ese momento elevar los autos a la Corte de Apelaciones para conocer el desafuero, siendo enviados en noviembre del 2008, después de 4 años de investigación el Juzgado del Crimen de Parral, encontró que habían méritos y solicitó el desafuero del diputado al pleno de la Corte de Talca”.
Se trata de la Sociedad Feria Regional de Centro Ltda., donde el diputado, que en ese momento no era parlamentario, tenía solamente el 10% de participación y administró la sociedad en perjuicio de la misma y la perjudicó patrimonialmente, formando en forma paralela una sociedad con la cual realizó negociaciones compatibles en perjuicio de la Feria Regional del Centro y en beneficio de su propia empresa en la que tenía participación su hermano Fernando Urrutia Bonilla.
De este problema se inició un juicio arbitral el año 1999 y 2000 en Santiago, donde se procedió entre otras cosas a liquidar la Feria Regional del Centro Ltda., y el juez ordenó un peritaje a contadores auditores de Santiago, la cual se mantuvo por dos años realizando las labores encomendadas y de ese peritaje contable y de revisión de todos los controles internos de la Feria, aparecen los hechos que están en la querella.
Si el desafuero es aprobado por la Corte de Apelaciones de Talca, las partes tienen derecho a apelar a la Corte Suprema, y si esta instancia judicial confirma el desafuero, el parlamentario queda suspendido de su cargo, mientras dure el procedimiento.
Tal resolución será dictaminada por la Corte de Apelaciones de Talca el 15 de diciembre del 2008.
Fuente: Diario La Prensa
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