Imputan a médico legista cauquenino
El Ministerio Público, a través de la fiscal Loreto Escobar Silva, acusó al doctor Jaime Iván España Álvarez, médico cirujano quien hasta hace unos dos años, se desempeñaba en el Servicio Médico Legal de esta ciudad, haber cobrado ilegalmente a los deudos, cinco personas, la suma de $ 50.000 por autopsias efectuadas, dinero que le fue entregado por los dolientes.
Según las denuncias hechas a la Fiscalía local, el profesional habría recibido ese tipo de prebendas por parte de los familiares de Rosa Herminia Rojas Molina, quien falleció el 16 de octubre del 2002, víctima de un infarto agudo al miocardio, al igual de los parientes de Ariel Hugo Suazo Hormazábal, cuya muerte ocurrió producto por asfixia mecánica, el 23 de octubre de 2002, pago que efectuó Elena de Carmen Hormazábal.
5 años
También se informó que tras el deceso de Yolanda del Carmen Hormazábal Henríquez, hecho ocurrido a raíz de un incendio que afectó a la vivienda que ocupaba, cuya muerte se debió a la intoxicación por monóxido de carbono, el 11 de enero de 2003, España, por intermedio del auxiliar del S.M.L., Abelardo López Ayala, exigieron a los familiares el pago de $ 50.000 por la práctica de dicha pericia tanatológica, suma cancelada por Luis Gerardo Mena Gajardo a López Ayala.
Lo mismo ocurrió con los parientes de Alonso Benavente Hernández, quien murió el 16 de enero de 2003 por asfixia mecánica con inmersión, la misma suma fue cancelada por Marta Ester Benavente Hernández, hermana de la víctima, a Abelardo López Ayala, auxiliar del S.M.L. de Cauquenes.
Y, por último, sostiene la fiscal Escobar, el quinto delito se registró, el 23 de enero de 2003, cuando María Angélica Sepúlveda, pagó $ 50.000, por la necropsia efectuada a Bastián Nicolás Aravena Salgado, muerto a causa de una conmoción cerebral, traumatismo craneal compatible con atropellamiento, el mismo día 23 de ese mes, según el protocolo de autopsia número 05 de fecha 28 de enero de 2003.Por estas razones el médico ex legista de Cauquenes, fue llevado al Tribunal Oral en lo Penal acusado de exacciones ilegales o cohecho pasivo propio agravado y reiterado, previsto y sancionado en el Art. 241 del Código Penal, y que a juicio de la fiscal Loreto Escobar le cabe a Jaime Iván España Álvarez, cuya pena requerida es en grado consumado, la que llega a cinco años y un día de inhabilitación temporal para cargos u oficios públicos en su grado medio, y multa del duplo de lo obtenido, más las accesorias del artículo 38 del Código Penal, y la expresa condena en costas.
La audiencia del auto de apertura del juicio oral se inició ayer lunes, y es posible que se extienda hasta el jueves o viernes de esta semana.
La Prensa
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