Senador Naranjo es partidario de caducar permiso de portar armas a quienes se encuentren procesados por tribunales

Caducar los permisos para portar armas que puedan estar en manos de personas que estén siendo procesadas por los tribunales de justicia, es el objetivo final de la moción presentada por los senadores Jaime Naranjo y Pedro Muñoz, para modificar la ley de control de armas.

“No puede ser posible que a criminales como Manuel Contreras, Iturriaga Neuman, Paul Schaeffer y otros nunca se les haya cancelado sus permisos para tener y portar armas mientras se encontraban procesados”, dijo Naranjo.

La iniciativa, que fue derivada a la Comisión de Defensa para su estudio, pretende evitar que personas que estén con situaciones pendientes con la justicia puedan manejar armas o tenerlas consigo.

Según el senador, han existido variadas ocasiones en que “la opinión pública ha visto con sorpresa y estupor cómo personas que están siendo procesados por diversos delitos, entre ellos, graves violaciones a los Derechos Humanos o crímenes de Lesa Humanidad a lo hora de ser detenidos para que inicien el cumplimiento de sus condenas, se encuentran portando armas debidamente autorizadas”.

A su juicio, lo más delicado de esta situación es que “pese a poner en grave riesgo la vida e integridad física de los funcionarios policiales, este comportamiento no tiene actualmente sanción alguna”.

El parlamentario recordó que la ley sobre Control de Armas establece una serie de requisitos que deberán cumplir las personas para la tenencia o porte de armas, como son ser mayor de edad o tener domicilio conocido, entre otras.

Asimismo, deberán acreditar que tienen los conocimientos necesarios sobre conservación, mantenimiento y manejo del arma que pretende inscribir, y que posee una aptitud física y psíquica compatible con el uso de armas. Esto, deberá hacerlo cada 5 años, contados desde la fecha de inscripción del arma.

Vacío legal

Aún cuando se establece que quienes porten un arma no podrán haber sido sometidos a un juicio oral -para lo cual los jueces de garantía deben comunicar mensualmente de esa situación a la Dirección General de Movilización Nacional- el senador Naranjo cree que existe un vacío legal que se puede prestar para complicaciones.

“La experiencia nos ha demostrado que existe un peligroso vacío, ya que la Ley nada señala respecto de qué sucede con las personas que teniendo permiso para tener y portar armas, se encuentran siendo procesados por diversos delitos. No existe ninguna norma que permita que a estas personas se les retiren los permisos”, advirtió.

En tal sentido, el parlamentario señaló que se hace necesario modificar la ley para que a toda persona a quien se haya dictado un auto de apertura de un juicio oral, con posterioridad a que inscribiera un arma a su nombre, se le deberá cancelar su permiso para tener y portar armas.

“Quien no lo haga o no entregue su arma, señaló el senador, cometerá una infracción a la Ley del Control de Armas, debiendo responder por su conducta ante los Tribunales de Justicia”, sentenció el parlamentario por la Región del Maule.