Senadores Oficialistas pieden al Gobierno que envíe proyecto de Ley para eleminar la exención tributaria de las constructoras
Los parlamentarios concertacionistas señalan que si estas empresas pagaran impuestos, esos recursos podrían utilizarse en dar soluciones a los deudores habitacionales.
Senadores de la Concertación encabezados por Jaime Naranjo propusieron destinar los recursos recaudados por concepto de la eliminación de la exención tributaria que tienen las empresas constructoras para dar solución, a través de un subsidio, a los deudores habitacionales que no se encuentran contemplados en los programas de repactación del gobierno.
El Proyecto de Acuerdo de los senadores de la Concertación encabezados por Jaime Naranjo, señala que a raíz de que el gobierno de la presidenta Bachelet se encuentra implementando un programa especial destinado a entregar una solución a la delicada situación que afecta a miles de familias que se encuentran atrasadas en sus dividendos por viviendas sociales, tanto del Serviu, Serviu Banca o bancos privados, sería conveniente que el gobierno envíe un proyecto de ley al congreso para eliminar la extensión tributaria de las empresas constructoras, para utilizar esos recursos en la solución de estos deudores habitacionales.
La iniciativa que será analizada por la Comisión Hacienda antes de ser sometida a la votación de la Sala, de acuerdo a la nueva modalidad acordada por la Cámara Alta, está patrocinada por los senadores Jaime Naranjo, Jaime Gazmuri, Alejando Navarro, Ricardo Núñez, Carlos Ominami, Nelson Ávila, Camilo Escalona, Guido Girardi, Jorge Pizarro, Mariano Ruiz-Esquide y Guillermo Vásquez.
Los legisladores precisaron que “alrededor de 220 mil familias que se acogieron principalmente a los Programas Especiales de Viviendas para Trabajadores (PET), sistema leasing y otros, no podrán acceder a estos beneficios por lo cual se encuentran en grave riesgo de que sus viviendas sean rematadas. Esto a pesar de que un gran número de estos deudores se encuentran en situación de pobreza y marginalidad”.
Por ello, estimaron que si el gobierno quisiera implementar una solución para estas 220 mil familias tendría que desembolsar entre los 150 y 200 millones de dólares, por lo que consideraron necesario impulsar esta iniciativa.
Naranjo recordó que “en la actualidad se encuentra vigente un beneficio tributario que permite a las empresas constructoras obtener la recuperación del 65% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual pueden deducirlo de los pagos provisionales mensuales de este tributo, y en el caso de que tuvieran un remanente, pueden imputarlo a otras obligaciones tributarias de retención o recargo o en último término al impuesto a la renta”.
Destacó que “según lo expuesto por el SII esta franquicia tiene un gran impacto financiero para el Fisco. Es así como el año 2002 esta menor recaudación alcanzó a los 169 millones de dólares; el 2003 a 182 millones de dólares; el 2004 a 1991 millones de dólares y el 2005 a 290 millones de dólares. Según diversas estimaciones desde que comenzó a regir esta exención en 1987 el Fisco ha dejado de Percibir alrededor de 3 mil millones de dólares”.
El legislador precisó que “cuando se elaboró esta norma, el objetivo era fomentar el desarrollo de la construcción y principalmente de las viviendas sociales y, a través de esto, estimular el empleo. Sin embargo, hoy la construcción es uno de los sectores más dinámicos de la economía y el desempleo se mantiene en índices bajos”.
“A lo anterior se suma –expresó- que en los últimos años, este beneficio tributario ha terminado favoreciendo en mayor proporción a las empresas que construyen viviendas de lujo y alto costo. Es así como una empresa que construye una casa de 500 UF recupera hoy alrededor de 45UF, es decir, unos $848.646; mientras que si construye una vivienda de 10.000 UF la exención alcanza a las 645 UF, o sea $12.163.962.
Por lo tanto, los parlamentarios oficialistas expresan que “una vez cumplidos los objetivos originales que motivaron este instrumento tributario, lo más justo es ponerle fin, de tal forma que el Fisco recaude nuevos recursos que puedan ser destinados a programas y subsidios habitacionales para los deudores habitacionales del Programa Especial de Viviendas para Trabajadores PET y otros que hoy no se encuentran considerados en los programas de solución definitiva de las deudas por parte del gobierno”.
Puntualizaron que por tratarse del ingreso de recursos frescos, no se encuentran contemplados en el Presupuesto de la Nación.
Proyecto de acuerdo
“Solicitar a su Excelencia, la presidente de la República, señora Michelle Bachelet, con el fin si lo tiene a bien, instruya al ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco, para que envíe al Congreso Nacional un proyecto de Ley tendiente a establecer.
a) La eliminación de la exención tributaria que permite a las empresas constructoras recuperar el 65 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El Proyecto de Acuerdo de los senadores de la Concertación encabezados por Jaime Naranjo, señala que a raíz de que el gobierno de la presidenta Bachelet se encuentra implementando un programa especial destinado a entregar una solución a la delicada situación que afecta a miles de familias que se encuentran atrasadas en sus dividendos por viviendas sociales, tanto del Serviu, Serviu Banca o bancos privados, sería conveniente que el gobierno envíe un proyecto de ley al congreso para eliminar la extensión tributaria de las empresas constructoras, para utilizar esos recursos en la solución de estos deudores habitacionales.
La iniciativa que será analizada por la Comisión Hacienda antes de ser sometida a la votación de la Sala, de acuerdo a la nueva modalidad acordada por la Cámara Alta, está patrocinada por los senadores Jaime Naranjo, Jaime Gazmuri, Alejando Navarro, Ricardo Núñez, Carlos Ominami, Nelson Ávila, Camilo Escalona, Guido Girardi, Jorge Pizarro, Mariano Ruiz-Esquide y Guillermo Vásquez.
Los legisladores precisaron que “alrededor de 220 mil familias que se acogieron principalmente a los Programas Especiales de Viviendas para Trabajadores (PET), sistema leasing y otros, no podrán acceder a estos beneficios por lo cual se encuentran en grave riesgo de que sus viviendas sean rematadas. Esto a pesar de que un gran número de estos deudores se encuentran en situación de pobreza y marginalidad”.
Por ello, estimaron que si el gobierno quisiera implementar una solución para estas 220 mil familias tendría que desembolsar entre los 150 y 200 millones de dólares, por lo que consideraron necesario impulsar esta iniciativa.
Naranjo recordó que “en la actualidad se encuentra vigente un beneficio tributario que permite a las empresas constructoras obtener la recuperación del 65% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual pueden deducirlo de los pagos provisionales mensuales de este tributo, y en el caso de que tuvieran un remanente, pueden imputarlo a otras obligaciones tributarias de retención o recargo o en último término al impuesto a la renta”.
Destacó que “según lo expuesto por el SII esta franquicia tiene un gran impacto financiero para el Fisco. Es así como el año 2002 esta menor recaudación alcanzó a los 169 millones de dólares; el 2003 a 182 millones de dólares; el 2004 a 1991 millones de dólares y el 2005 a 290 millones de dólares. Según diversas estimaciones desde que comenzó a regir esta exención en 1987 el Fisco ha dejado de Percibir alrededor de 3 mil millones de dólares”.
El legislador precisó que “cuando se elaboró esta norma, el objetivo era fomentar el desarrollo de la construcción y principalmente de las viviendas sociales y, a través de esto, estimular el empleo. Sin embargo, hoy la construcción es uno de los sectores más dinámicos de la economía y el desempleo se mantiene en índices bajos”.
“A lo anterior se suma –expresó- que en los últimos años, este beneficio tributario ha terminado favoreciendo en mayor proporción a las empresas que construyen viviendas de lujo y alto costo. Es así como una empresa que construye una casa de 500 UF recupera hoy alrededor de 45UF, es decir, unos $848.646; mientras que si construye una vivienda de 10.000 UF la exención alcanza a las 645 UF, o sea $12.163.962.
Por lo tanto, los parlamentarios oficialistas expresan que “una vez cumplidos los objetivos originales que motivaron este instrumento tributario, lo más justo es ponerle fin, de tal forma que el Fisco recaude nuevos recursos que puedan ser destinados a programas y subsidios habitacionales para los deudores habitacionales del Programa Especial de Viviendas para Trabajadores PET y otros que hoy no se encuentran considerados en los programas de solución definitiva de las deudas por parte del gobierno”.
Puntualizaron que por tratarse del ingreso de recursos frescos, no se encuentran contemplados en el Presupuesto de la Nación.
Proyecto de acuerdo
“Solicitar a su Excelencia, la presidente de la República, señora Michelle Bachelet, con el fin si lo tiene a bien, instruya al ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco, para que envíe al Congreso Nacional un proyecto de Ley tendiente a establecer.
a) La eliminación de la exención tributaria que permite a las empresas constructoras recuperar el 65 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
b) Que los recursos que obtenga el fisco por la implementación de esta medida, sena destinados a un subsidio para solucionar la situación que afecta a los deudores habitacionales de los programas PET, leasing y otros, que han quedado al margen de los beneficios de repactación de deudas que se encuentra desarrollando hoy en día nuestro gobierno”.
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