Antiguas cárceles podrían transformarse en centros comerciales, hospitales o viviendas
Bienes Nacionales licitará estudios para definir el futuro de los recintos que el sistema penal dio de baja. Se trata de 13 terrenos que serán devueltos por Gendarmería -entre los que se incluye el de Cauquenes- y que tienen en común una inmensa superficie ubicada en zonas urbanas.
La Cárcel de La Serena sirvió como centro de detención de numerosos presos políticos en la región durante la dictadura, además de recibir a reos comunes, como cualquier otro recinto penitenciario. Está emplazada en un terreno de 10 mil 615 metros cuadrados y debido a la reforma procesal penal, que dispuso el traslado de los reos a otros centros penitenciarios, va a ser deshabitada y devuelta al Ministerio de Bienes Nacionales a fines de este año. Lo mismo ocurrirá con las otras doce “viejas cárceles” de Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Rancagua, San Fernando, Talca, Cauquenes, Valdivia, Maullín, Puerto Montt, Punta Arenas y Melipilla, que serán devueltas por Gendarmería de aquí a dos años, aunque varias ya están deshabitadas. “El proceso de devolución parte a fines de este año y se prolongará hasta esa fecha debido a que Gendarmería pidió un plazo de dos años una vez trasladados a las nuevas dependencias por temas de seguridad, o por necesidad de infraestructura”, explica la ministra de Bienes Nacionales, Romy Schmidt, quien anuncia que en cada una de esas construcciones se realizarán estudios para definir el futuro de los espacios que tienen algo en común: grandes superficies ubicadas en zonas urbanas. “Esta es una gran oportunidad, debido principalmente a la ubicación de la mayoría de ellas”, dice.
Ganancia para la ciudad
El tema fue tratado cuidadosamente y se decidió finalmente licitar estudios para seis de estas dependencias durante este año y otros siete durante el próximo, que puedan determinar qué es lo ideal desarrollar en cada vieja prisión. “Los intereses son muy variados, por ello tomamos esto con bastante responsabilidad y decidimos estudiar la vocación de uso de estos inmuebles; sus características espaciales, los cambios que se pueden hacer en el recinto, el valor patrimonial o los instrumentos de planificación. Puede que haya una necesidad determinada de la ciudad, pero que el inmueble no tenga las características para ello”, explica.
Porque aunque la propiedad de La Serena tiene un valor patrimonial, en sus espacios podrían desarrollarse un sinnúmero de proyectos y actividades, desde cultura, proyectos comerciales, habitacionales y un largo etcétera, al igual que en las otras edificaciones. “La cárcel de Punta Arenas está ubicada a una cuadra de la Plaza Muñoz Gamero de esa ciudad. Por su ubicación, el gobierno regional está interesado en usar esas dependencias, pero eso lo va a determinar el estudio”, dice Schmidt.
Para este año se va a financiar el estudio de seis de estos recintos, partiendo por Arica, La Serena, Rancagua, Punta Arenas y otras dos por definir. Y el próximo año se realizará lo mismo con las 7 cárceles restantes.
“Una vez que tengamos definido el estudio abriremos esto hacia la ciudadanía para que nos presenten proyectos. No nos interesa necesariamente obtener una ganancia. Si así fuera, sería mejor venderlo. Estamos pensando en el mejor aporte para la ciudad. Después veremos la fórmula para desarrollar esos proyectos, si a través de concesiones, arriendos o lo que sea”.
La inversión para esta primera etapa de estudios es de 179 millones de pesos y para el próximo año se destinará una cifra de 203 millones de pesos en las restantes 7 cárceles. Se espera que el resultado de los primeros estudios estén listos a fin de año, cuatro meses después de haber sido licitados.
La Cárcel de La Serena sirvió como centro de detención de numerosos presos políticos en la región durante la dictadura, además de recibir a reos comunes, como cualquier otro recinto penitenciario. Está emplazada en un terreno de 10 mil 615 metros cuadrados y debido a la reforma procesal penal, que dispuso el traslado de los reos a otros centros penitenciarios, va a ser deshabitada y devuelta al Ministerio de Bienes Nacionales a fines de este año. Lo mismo ocurrirá con las otras doce “viejas cárceles” de Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Rancagua, San Fernando, Talca, Cauquenes, Valdivia, Maullín, Puerto Montt, Punta Arenas y Melipilla, que serán devueltas por Gendarmería de aquí a dos años, aunque varias ya están deshabitadas. “El proceso de devolución parte a fines de este año y se prolongará hasta esa fecha debido a que Gendarmería pidió un plazo de dos años una vez trasladados a las nuevas dependencias por temas de seguridad, o por necesidad de infraestructura”, explica la ministra de Bienes Nacionales, Romy Schmidt, quien anuncia que en cada una de esas construcciones se realizarán estudios para definir el futuro de los espacios que tienen algo en común: grandes superficies ubicadas en zonas urbanas. “Esta es una gran oportunidad, debido principalmente a la ubicación de la mayoría de ellas”, dice.
Ganancia para la ciudad
El tema fue tratado cuidadosamente y se decidió finalmente licitar estudios para seis de estas dependencias durante este año y otros siete durante el próximo, que puedan determinar qué es lo ideal desarrollar en cada vieja prisión. “Los intereses son muy variados, por ello tomamos esto con bastante responsabilidad y decidimos estudiar la vocación de uso de estos inmuebles; sus características espaciales, los cambios que se pueden hacer en el recinto, el valor patrimonial o los instrumentos de planificación. Puede que haya una necesidad determinada de la ciudad, pero que el inmueble no tenga las características para ello”, explica.
Porque aunque la propiedad de La Serena tiene un valor patrimonial, en sus espacios podrían desarrollarse un sinnúmero de proyectos y actividades, desde cultura, proyectos comerciales, habitacionales y un largo etcétera, al igual que en las otras edificaciones. “La cárcel de Punta Arenas está ubicada a una cuadra de la Plaza Muñoz Gamero de esa ciudad. Por su ubicación, el gobierno regional está interesado en usar esas dependencias, pero eso lo va a determinar el estudio”, dice Schmidt.
Para este año se va a financiar el estudio de seis de estos recintos, partiendo por Arica, La Serena, Rancagua, Punta Arenas y otras dos por definir. Y el próximo año se realizará lo mismo con las 7 cárceles restantes.
“Una vez que tengamos definido el estudio abriremos esto hacia la ciudadanía para que nos presenten proyectos. No nos interesa necesariamente obtener una ganancia. Si así fuera, sería mejor venderlo. Estamos pensando en el mejor aporte para la ciudad. Después veremos la fórmula para desarrollar esos proyectos, si a través de concesiones, arriendos o lo que sea”.
La inversión para esta primera etapa de estudios es de 179 millones de pesos y para el próximo año se destinará una cifra de 203 millones de pesos en las restantes 7 cárceles. Se espera que el resultado de los primeros estudios estén listos a fin de año, cuatro meses después de haber sido licitados.
Dalia Rojas, La Nacion
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